Podemos definir el delito como una conducta, recogida en la legislación penal asociada a una sanción penal, que lesiona o pone en peligro un bien jurídico y atenta gravemente contra las concepciones ético- sociales, jurídicas, políticas y económicas esenciales de una sociedad. El derecho penal determina como delictivas las conductas que suponen una grave vulneración de las concepciones ético-sociales en un momento determinado de la historia de una sociedad.

El Derecho procesal penal se compone de un conjunto de normas jurídicas que regulan aquellos procedimientos que tengan carácter penal. Esas normas se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La función del Derecho procesal penal es hacer efectivo el Derecho penal: se investigan unos hechos que aparentemente pudieran ser delictivos (y que por ello, encajarían en alguno de los delitos descritos en el Código Penal), identificar a los autores y sancionarles.

Siempre que una persona es detenida tiene derecho a nombrar o a que le sea designado un abogado para su defensa. En estos casos, la asistencia del abogado consistirá en solicitar que se informe de los derechos que asisten al detenido o preso, solicitar la declaración o ampliación de los extremos que considere necesarios, solicitar que se reflejen en el acta aquellas incidencias que puedan haberse producido y además de entrevistarse reservadamente con el detenido.

En España existen tres grados de internamiento según el tipo de delito que haya cometido y su peligrosidad. Cada uno de ellos, lleva aparejada una serie de medidas que varían enormemente, como el régimen de visita, o su situación dentro de la propia prisión. Por ello, es importante tener un asesoramiento constante para conocer cuáles son las condiciones para llegar a obtener el tercer grado por el cual el preso podrá llevar un régimen de semilibertad.