La Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios modifica la Ley de Propiedad Horizontal. En concreto se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la LPH 49/1960, de 21 de julio.

 Según la exposición de motivos de la Ley modificadora se trata de «facilitar acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética del edificio, lo que permitirá a los hogares españoles reducir el coste de la factura energética y contribuirá a combatir el cambio climático. Este objetivo inspira también el régimen aplicable a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios.»

Así, a partir de ahora el establecimiento o supresión de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble -distintos de aprovechamiento de energía solar o de infraestructuras para acceder a nuevos suministros energéticos-, requerirán el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, aunque supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos.

También, queda regulada la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento de un edificio para uso privado, bastando la comunicación previa la comunidad.

Dicen que todo se construye, la realidad también. El cambio climático -y la temida crisis del petróleo- parece ser el motivo de esta modificación, que apunta un cambio en nuestra realidad cultural.

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico

Nota: con fecha 21.10.2021 se ha aprobado el Real Decreto Ley 19/2021, de 5 de octubre, y dentro de las medidas adoptadas para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria residencial se modifica el art 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal requiriendo el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez representa la mayoría de las cuotas de participación, siempre que su coste repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación, no supere la cuantía de nueve mensualidades ordinarias de gastos comunes. Todo ello para cuando se trate de la realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común