EJECUCION HIPOTECARIA Y EL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

EJECUCION HIPOTECARIA Y EL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Se ha publicado la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la que se adoptan medidas para consolidar las finanzas. En su Disp. Final Cuarta se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2013, el art.254 de la Ley Hipotecaria, añadiendo un nuevo párrafo quinto con la siguiente redacción:

“El Registro de la propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004 de 5 de marzo.”

 En consecuencia, sin autoliquidación o, en su caso, declaración del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como Plusvalía), no hay inscripción registral.

Y en el caso de la plusvalía la autoliquidación o declaración del impuesto depende del transmitente, por eso se prevé que si el transmitente no lo hace, el adquirente podrá comunicar al Ayuntamiento la existencia de la operación (hecho imponible) de la que devenga el impuesto y con esta comunicación, salvar la situación y proceder a la inscripción.

En el caso de la Ejecución Hipotecaria el adquirente es el Banco (generalmente), el hecho imponible es la dación en pago o la subasta judicial, y el sujeto pasivo del impuesto es el ejecutado.

En el Decreto 6/2012 (conocido como Código de Buenas Prácticas), el Art. 9 modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que para el caso del artículo 2 del Real Decreto ley 6/2012 (es decir, casos de tan extrema vulnerabilidad, que prácticamente no ha encontrado aplicación) considera procede la sustitución del sujeto pasivo del impuesto en caso de dación en pago, constituyendo el sujeto pasivo del impuesto -en ese caso- la entidad bancaria.

En definitiva, el sujeto pasivo obligado a pagar la plusvalía es el ejecutado, y solo en el caso de producirse la dación en pago cumpliendo con los casi imposibles requisitos del artículo 2 del Decreto 6/2012, se sustituye el sujeto pasivo obligado al pago por la entidad bancaria. El resto de fórmulas existentes, para eximir al ejecutado del pago del impuesto de plusvalia, se deben a decisiones políticas, que se han ido tomando municipio a municipio o por otras instituciones locales, como la Diputación de Bizkaia.

No parece deseable que, en los tiempos que corren, se encuentre obligado al pago de la plusvalía quien ha visto subastada su vivienda habitual.

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