INFORME DEFENSOR DEL PUEBLO Y RECLAMACIONES PATRIMONIALES A LA ADMINISTRACIÓN.

INFORME DEFENSOR DEL PUEBLO Y RECLAMACIONES PATRIMONIALES A LA ADMINISTRACIÓN.

Se ha publicado el informe anual emitido por el Defensor del Pueblo, representado por Soledad Becerril, y a lo largo de 605 páginas se desgranan, tanto los contenidos de las principales funciones del Defensor del Pueblo, como la supervisión que realiza de la actividad de las Administraciones Públicas.

De esta manera, se rememoran situaciones y recomendaciones respecto a la Administración de Justicia, centros penitenciarios, ciudadanía y seguridad pública, migraciones, igualdad de trato, educación, sanidad, política social, vivienda, seguridad social y empleo, hacienda pública, actividad económica, comunicaciones y transporte, medio ambiente, urbanismo, administración local, función y empleo públicos, otras cuestiones, y por último la cuestión de la Defensoría como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Dentro del epígrafe dedicado a “otras cuestiones” se hace especial referencia a los expedientes que se siguen por responsabilidad del Estado, cuestión que en este blog se trató hace tiempo a cuenta de la responsabilidad del Estado Legislativo por declaración de inconstitucionalidad de una Ley.

En el informe se recoge el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos, siempre que sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo que el particular tenga el deber de soportar dicho daño. Este principio viene consagrado en el artículo 106 de la Constitución, regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

El principal problema detectado en el informe es el tiempo transcurrido hasta la resolución del expediente. En el artículo 13.3  del Real Decreto 429/1993, se dice:

«3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento, o el plazo que resulte de añadirles un período extraordinario de prueba, de conformidad con el artículo 9 de este Reglamento, sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular

Es decir, se crea una regla especial de silencio negativo en relación con la regla general del artículo 43 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.»

En definitiva, transcurridos seis meses desde la iniciación del expediente de responsabilidad patrimonial de la administración pública, la pretensión se puede entender denegada por silencio negativo, pudiéndose interponer el recurso contencioso administrativo. Sin embargo, el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común habla de la obligación de resolver, regulando en el artículo 43.3, el contenido estimatorio o desestimatorio, que debe tener la resolución expresa en caso de que se haya superado el plazo máximo establecido para resolver, teniendo en consideración el sentido positivo o negativo que el silencio haya podido producir:

«43.3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

  1. a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
  2. b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.»

En la práctica, quien ha realizado una reclamación de indemnización precisa de tener un expediente administrativo totalmente instruido, con todas las alegaciones de las administraciones públicas implicadas y los informes preceptivos. A día de hoy tener el expediente, totalmente, instruido implica superar el tiempo máximo de resolución, pero el esperar la resolución expresa supone, además de contar con la total instrucción del expediente, contar con dos oportunidades: la que da la resolución del expediente administrativo y la que se puede obtener de un hipotético recurso contencioso.

La consecuencia de todo ello, es que en la práctica un expediente “normal” puede durar un año, el doble de lo establecido en el Real Decreto 429/1993, pero en el Informe del Defensor del Pueblo se recogen expedientes de hasta diez años de antigüedad, refiriendo casos de una gran complejidad debido a las múltiples administraciones implicadas en la responsabilidad, como son los casos derivados, tanto de inundaciones, como derivados de responsabilidad sanitaria pública, o el caso -que en el Informe se trata en último lugar-, referido a la muerte de una persona a causa de un incendio forestal.

lerchundi@euskalnet.net

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