RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLATIVO POR DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLATIVO POR DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY.

La responsabilidad patrimonial de la administración pública está reglamentada en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento en el que se desarrolla la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, exigiéndose para su apreciación la concurrencia de los siguientes requisitos:

  1. a)        La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
  2. b)        El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley.
  3. c)        La relación de causalidad entre la actividad administrativa y el resultado dañoso. En definitiva el daño debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa.
  4. d)        Ausencia de fuerza mayor.
  5. e)        Que la reclamación se efectué en el plazo de un año desde que se produce el hecho o el acto que motiva la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

 En el citado Real Decreto 429/1993 se establece, también, el procedimiento a seguir en caso de solicitarse la responsabilidad patrimonial de la administración del Estado, y esta materia es habitual y familiar en la práctica jurídica. Sin embargo, el artículo 139 de la LRJAP, en su apartado 3, dice:

Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.”

Siendo esta referencia a la responsabilidad del Estado legislador, la única que podremos encontrar en todo el cuerpo legal estatal.

La pregunta es cuándo surge la responsabilidad del Estado legislador derivada de la declaración de inconstitucionalidad de una Ley y cuál es la regulación a la que sujetarse.

No nos encontraríamos ante un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, lo cual viene regulado en la LOPJ. Sino que hablaríamos de la aplicación de una Ley por la Administración o por los Tribunales de justicia, que posteriormente ha sido declarada inconstitucional.

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En este supuesto la primera fuente a la que mirar es el artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Este artículo dice:

“1. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.”

 Es decir, si una Ley ha sido aplicada por la administración o los tribunales de justicia mediante sentencias firmes y posteriormente, dicha ley, ha sido declarada inconstitucional, no permite revisar procesos con sentencias firmes salvo limitaciones de responsabilidades penales o sancionadoras.

En consecuencia, no pudiera hablarse de mal funcionamiento de la administración de justicia, pues el tribunal aplicó una ley con apariencia de constitucional y tampoco se podría revisar si hay una sentencia firme (lo que deja la puerta abierta a la revisión si se trata de un acto administrativo firme).

Finalmente, nos encontraríamos ante un supuesto de obtención de una sentencia judicial en una materia no sancionadora, en la que aplicando una ley, ésta deviene inconstitucional y se cumplen con los requisitos generales establecidos para la responsabilidad de la administración en el Real/Decreto 429/1993, que vimos al inicio. Éste es el caso de responsabilidad patrimonial del Estado legislativo.

La escasa mención en nuestra legislación a la responsabilidad del Estado Legislativo se palia con algunas sentencias que lo refieren. Jurisprudencia que ha tenido su propia evolución.

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Así, con la STC 45/1989, de 20 de febrero, se produjo un punto de inflexión al declararse la inconstitucionalidad y nulidad de artículos de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y la inconstitucionalidad de otras disposiciones. En esta sentencia el Tribunal Constitucional se acogió a la doctrina de la prospectividad, desterrando la retroactividad de la inconstitucionalidad de la Ley, al señalar que la declaración de nulidad de una ley tiene tan solo eficacia “pro futuro” desprendiéndose de ello que entre las situaciones jurídicas consolidadas que han de considerarse no susceptibles de poder ser revisadas figuran no solo las decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, sino, asimismo, las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes.

Es decir, aplica con rigor el artículo 40.1 de la LOTC aplicando la prospectividad e impidiéndose la revisión de sentencias firmes anteriores a la declaración de inconstitucionalidad. Al dictado de esta STC no existía mecanismo legal para paliar esta situación salvo la referencia a la responsabilidad del estado legislativo en la LRJAP.

Ante todo ello fue el Tribunal Supremo quien posibilitó un camino para obtener la restitución de lo perjudicado, al establecer, al respecto, que es factible el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial derivada de un acto legislativo que haya sido declarado inconstitucional, aun inclusive en el supuesto de que el proceso estuviere ya fenecido, añadiendo que la eficacia de la cosa juzgada no es obstáculo para el ejercicio de la acción, lo que supone, en suma, el pleno reconocimiento de que existiendo un perjuicio individualizado, concreto y claramente inidentificable debe procederse a su reparación.

Así tenemos STS de 29 de febrero de 2000, STS de 13 de Junio de 2000, STS 15 de Julio de 2000, todas, ellas, es cierto, referidas al ámbito tributario, pero sintetizándose en la última de ellas la doctrina de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislativo.

Añado dos notas al post:

1.- Ahora se ha extendido la responsabilidad no solo a las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas por el TS, sino a las declaraciones de nulidad realizadas por el Tribunal de Justicia Europeo.

2.- El procedimiento es totalmente excepcional puesto que la reclamación se ha de dirigir al Consejo de Ministros, interponiéndose la demanda del recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.

Por último, significar que el supuesto recogido en el post de julio dedicado a la pensión de viudedad es supuesto de hecho para la aplicación de la Responsabilidad del Estado Legislador.

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