REVISIONES DE GUARDA Y CUSTODIA. LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA.

REVISIONES DE GUARDA Y CUSTODIA. LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA.

Sobre el nuevo enfoque de la custodia compartida en las relaciones familiares ya se trató en el post DERECHO CIVIL VASCO Y RELACIONES FAMILIARES. CUSTODIA COMPARTIDA. ADJUDICACIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR.

En dicho post ya se daba cuenta de la STS de 16.2.2015 en la que se aplica un criterio favorable a la custodia compartida y «al efectivo ejercicio de los menores a relacionarse con ambos progenitores aún en situaciones de crisis siempre que ello sea posible» Esta STS recoge un caso en que existe una condena de coacciones sobre la madre. Este novedoso criterio supone la primacía de la custodia compartida y los derechos del menor pese a existencia de divergencias entre los progenitores (siempre que estas sean soportables, claro está).

Este paso dado por la jurisprudencia en lo hasta ahora conocido en materia de custodia compartida coincide este año con la entrada en vigor el 1.10.2015 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores.

En el articulo 9 de la Ley 7/2015, se habla de la posibilidad de que cualquiera de los cónyuges pueda solicitar la custodia compartida, añadiendo que las divergencias entre los progenitores no será obstáculo para la adopción de la guarda compartida, si bien toma la cautela de que dicha petición deba ir apostillada por informes psicológicos privados o de oficio que informen sobre la conveniencia de tomar esta medida. Lo cual en la práctica judicial se traduce en contar con el informe del equipo psicosocial favorable, puesto que los informes privados son considerados, generalmente, y salvo raras excepciones, informes interesados por la parte.

Lo cierto es que la prueba psicosocial ya había sido severamente criticada por la doctrina, por ejemplo en la obra de David Vallespin, quien al respecto dice:

«…concluir que con la Ley 15/2005 el equipo técnico judicial adscrito a los Juzgados de Familia no debiera efectuar informes sobre la idoneidad de los progenitores para ostentar la guarda y custodia o sobre el modo en que los menores deben relacionarse con los progenitores no custodios, sino venir limitado a auxiliar al Juez en la práctica de las exploraciones de los menores, cuando así este lo requiera. Admitir lo contrario, requeriría no solo regular la composición y funcionamiento de estos equipos psicosociales, sino también reformar la LECn, en el sentido de permitir su intervención en el proceso y, al mismo tiempo, hacerlo con absoluto respeto de las garantías procesales básicas que corresponden a las partes en litigio.» (sic)

Pero ahora se ha publicado la STS 465/2015, de 16.9.2015, en la que se cuestiona la hasta ahora primacía en el los tribunales del criterio tomado por los informes psicosociales. En esta sentencia se casa y anula la sentencia de apelación y se atribuye el régimen de custodia compartida, haciendo prevalecer el interés del menor. En dicha sentencia se afirma:

«Por tanto, las conclusiones del informe psicosocial deben ser analizadas y cuestionadas jurídicamente, en su caso, por el tribunal, cual ocurre con los demás informes periciales en los procedimiento judiciales, si bien esta Sala no es ajena a la importancia y trascendencia de este tipo de informes técnicos (sentencia de 18.11.2011, rec 1728/2009). (sic)

En resumen la automaticidad con que se interpretaban por los tribunales los informes psicosociales deja de ser tal, debiendo entrarse al examen del caso concreto teniendo en cuentas las relaciones familiares, pero también el derecho del menor a su relación con los dos progenitores.

Sobre la intervención de los equipos psicosociales y en general de otras ramas del saber en los tribunales ya se trató en el post dedicado a Foucault, quien entiende que más que incorporar otras disciplinas a la justicia, ésta se quita responsabilidades. En cualquier caso, esta relación de la justicia con otras ramas del saber no puede estar exenta de dialéctica (siendo prueba de ello, lo visto aquí).

Así las cosas, a la nueva jurisprudencia sobre la custodia compartida y la prevalencia del derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores se suma la entrada en vigor de la Ley 7/2015, de 30 de junio, la cual tiene eficacia retroactiva. Es decir, puede haber un vuelco en las relaciones familiares en la totalidad de la sociedad durante las próximas fechas, pues gran parte de personas separadas van a poder acceder a la custodia compartida; posibilidad que antes se encontraba vedada.

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